Guadalajara, enero.- Ecologistas en Acción al mostrar su total apoyo a familiares y amigos de los once trabajadores que perecieron el 17 de julio de 2005, intentando atajar las llamas de un voraz incendio que amenazaba el Parque Natural del Alto Tajo, así como miles y miles de hectáreas de bosques, piden que se sepa la verdad.
Tras seis duros meses continúan trabajando para que se depuren todas las responsabilidades administrativas y penales, así como para que la zona se recupere, ambiental y económicamente, lo antes posible.
Aparte, de las once vidas humanas, el incendio se cobró 13.000 hectáreas de monte, en unos días extremadamente peligrosos por la pertinaz sequía y el sofocante calor reinante, en los que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debía haber extremado las precauciones prohibiendo hacer fuego en las barbacoas autorizadas; limpiándose cunetas de carreteras y ferrocarril. Poniendo mayores efectivos y medios, y realizando campañas de sensibilización. Al igual que la sociedad alcarreña que así lo expresó en la manifestación del pasado diciembre, Ecologistas en Acción quieren saber la verdad. Denuncian que la comisión de investigación de las Cortes Regionales les rechazaron, junto con muchos trabajadores y expertos que pedían ser escuchados.
La falta de información, los fallos detectados en la coordinación y prevención de incendios forestales, la falta de medios humanos y económicos, la falta de sensatez y responsabilidad, -continúan los Ecologistas-, se deben tener muy en cuenta en todos los procesos administrativos y judiciales abiertos y que en el futuro se puedan abrir.
”Creemos que se debe apoyar a todos los municipios afectados, a los vecinos y a todos los sectores que han sido perjudicados por este gran incendio. Consideramos que el largo listado de promesas realizadas por las diferentes administraciones públicas (carreteras, cobertura telefónica, infraestructuras de todo tipo,...), debe hacerse de una forma equitativa, responsable y cuidadosa con el medio ambiente. Se está dando una peligrosa sensación, de que para conseguir carreteras, centros de salud, paradores, antenas de telefonía, etc., debe darse una catástrofe de este tipo. Esta estrategia política nos parece muy poco cuidada y deberían darse cuenta nuestros administradores, de que todos los servicios que ahora se anuncian, deberían dotarse sin que ocurra ninguna desgracia, en todos y cada uno de nuestros pueblos”, indican en un comunicado.
Esta Asociación ha propuesto un cambio en la política forestal y de desarrollo rural, que promueve la Unión Europea y el gobierno nacional, ya que se ha demostrado que las actuales líneas y directrices políticas no están resultando eficaces para combatir ni las causas ni las consecuencias del despoblamiento rural y las catástrofes, como son los grandes incendios forestales. Solicitan que se haga un especial esfuerzo en esclarecer las causas del incendio de Riba de Saelices (julio 2005), se depuren todas las responsabilidades administrativas y penales y se haga justicia con los familiares de las víctimas. También piden su intervención en el Parlamento Europeo.
Finalmente, consideran imprescindible que el Gobierno regional de Castilla-La Mancha y el Gobierno Central, inicien un debate público, abierto a todos los agentes sociales, tanto a nivel regional como estatal que sirva para esclarecer las consecuencias de esta catástrofe y así iniciar las líneas maestras para llevar a cabo un cambio en las políticas de desarrollo rural, de prevención y extinción de incendios, dando un giro en la política forestal donde primen las medidas preventivas, la concienciación de la ciudadanía, la profesionalización del personal encargado de la extinción, incluido el cuerpo técnico, y se establezcan los medios adecuados para paliar los daños sociales, ambientales y económicos, causados por estas catástrofes
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